La Organización Impulsora de Discapacitados, que ejerce como acusación popular en la investigación judicial del accidente de Barajas, ha solicitado al juez instructor Juan Javier Pérez que la compañía aérea deposite una fianza de 154 millones de euros como medida cautelar en concepto de responsabilidad civil.
A la vez, este magistrado ha tomado la decisión de imputar a dos técnicos de la aerolínea y a dos jefes de mantenimiento por 154 homicidios de delito imprudente y 18 de lesiones imprudentes. Esta acusación se desprende del informe preliminar publicado por la Comisión de Investigación de Aviación Civil.
Los argumentos de las imputaciones se basan en el hecho de que los flaps y los slats no estaban desplegados, por lo que la aeronave entró en pérdida y cayó al suelo. Las alarmas no se activaron por una configuración inadecuada para el despegue, por lo tanto la tripulación no fue capaz de advertir que estos dispositivos de hipersustentabilidad no estaban funcionando como era debido.
Al parecer, cuando el avión modelo MD-82 se disponía a iniciar el primer despegue sufrió una avería en el sensor del RAT, es decir, en la sonda que mide la temperatura exterior. Tal avería dio lugar a que el mecánico de Spanair Felipe García Rodríguez desactivase dicho sensor. Esto podría haber desencadenado que la alarma se desactivase.
Por lo tanto, el juez considera que “existen indicios de la posible participación de estas tres personas en la comisión de estos delitos”.
Vía: El Mundo
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